En éste caso deberíamos hablar en propiedad en plural, al tratarse de cargos, no de cargo. En efecto, existe una gran similitud en la forma de actuar de las autoridades judiciales andorranas en cuanto a la obtención de testigos que se consideran clave para desencadenar autos de cárcel provisional que ya de entrada inculpan de cara a la galería, predisponiendo a la población contra quien se señala sin juicio previo, como culpable de las mayores atrocidades contra el pueblo andorrano.

Estoy hablando de los testigos Rafael Pallardó y Rodrigo Tacla Durán.

En ambos casos ocurrieron similitudes muy sospechosas:

1. Restricción de libertad de los declarantes. Rafael Pallardó tenía prohibido salir de España por estar imputado en la causa Emperador, cuando en un tiempo récord, se presentó aquí a petición de Andorra con todos los permisos habidos y por haber. En el caso de Rodrigo Tacla, iba a ser extraditado desde España (donde estaba escondido y fue detenido y encarcelado) a Brasil, donde era reclamado por estar inculpado en la Causa Lava Jato, y como prófugo de la justicia. Pero curiosamente, la Audiencia Nacional Española cambió de criterio, no lo extraditó, y además permitió a la juez Mingorance y al fiscal Alberca que acudieran a Madrid a interrogarle.
2. ¿Declaraciones pactadas?. A los 3 días de la intervención de BPA por el INAF, y dentro de la causa 8000081/2015 Rafael Pallardó hizo una declaración que encajaba exactamente con lo que pretendía la fiscalía andorrana para poder encerrar a Joan Pau Miquel en prisión, donde pasó 20 meses preventivamente. Posteriormente, Pallardó declaró en sede judicial nuevamente que lo que declaró sobre Joan Pau Miquel no era cierto, pero ni la juez ni el fiscal le hicieron caso. Aún más tarde, solicitó poder declarar nuevamente, pues quería dejar claro que fue coaccionado por fiscales del caso a declarar lo que dijo el 16-3-15, y que no era cierto. Pero curiosamente se le tachó de falso y chaquetero en los medios de comunicación, y la justicia no aceptó que declarara de nuevo. En el caso de Rodrigo Tacla, y dentro de la causa 8000199/2015, en la declaración que hizo éste delante de la batlle Mingorance y el fiscal Alberca en la Audiencia Nacional de Madrid el dia 15-6-17, enfatizó que buena parte de la culpa de la operativa de ODE en BPA la tenía la actuación profesional de Sanguinetti, responsabilizándolo tanto de estar al corriente de los pagos de corrupción (cosa que reiteradamente Sanguinetti ha negado), como de facilitar al periódico El País las actas secretas del comité de prevención de blanqueo de BPA, cosa que se ha visto falsa debido a la publicación por El País de actas que no estaban en la causa, por lo que la información de la que disponen los periodistas Irujo y Martin han tenido que ser obtenidos de otra fuente que no sean las partes acusadas, y ya me dirán quien queda…(también favorece ésta suposición el hecho de que no se investigue nada al respecto de la filtración).

   

    

3. Actuación judicial inmediata. Tanto en una causa como en otra, la juez Mingorance dispuso con la celeridad que caracteriza las actuaciones contra BPA, dando naturaleza de certeza suficiente para dictar autos limitativos de libertad, a unas declaraciones que tienen todas las sombras imaginables. En el caso de Pallardó por haber reconocido él mismo que lo que declaró fue falso, y en el caso de Tacla por la muy dudosa credibilidad del testigo (al que tanto la propia empresa ODB, como la justicia brasileña acusan de mentir) por haber hecho una declaración a medida y necesaria para que la batlle pudiera actuar. En el caso de Pallardó, la consecuencia inmediata de su declaración falsa y obligada por la fiscalía (según sus propias palabras) fue el auto de prisión provisional (una provisionalidad de 20 meses) para Joan Pau Miquel. En el caso de Tacla, justificó una búsqueda y captura internacional (¿para perjudicar su imagen y favorecer una pretendida culpabilidad?) a través de Interpol (cuando no se le buscó previamente por vía normal, cuando todo el mundo sabía dónde encontrarlo, habida cuenta de que se trata de una persona muy popular y conocida en Uruguay). El trámite para la extradición desde Uruguay fue lento, y los 6 meses que duró, Sanguinetti los pasó en arresto domiciliario. La misma tarde que llegó a Andorra, fue interrogado y encarcelado.
4. Debilidad de la base para una medida tan drástica como la prisión provisional. En ambos casos, la declaración de un testigo “clave” y “a medida de la Batlle y el fiscal” ha sido la base de la medida dictada de restricción de libertad. Algo que sólo debería hacerse como último recurso si realmente existe riesgo para la causa, cosa que no sucede en ninguno de los dos casos: Joan Pau Miquel ni se ha sustraído a la acción de la justicia, ni ha huido, ni ha destruido pruebas, ni nada de nada. Sanguinetti se presentó por su propio pié ante la justicia uruguaya  cuando se enteró de que lo buscaban, y se ofreció voluntario a viajar a Andorra pagándose él mismo el pasaje. Sin embargo, la juez estima que se puede escapar (entonces, para qué se presentó él mismo y se ofreció a viajar de inmediato), puede destruir pruebas (ya me dirán como), puede crear alarma social, y todo lo demás, y por ello lo mete inmediatamente en la cárcel provisionalmente.
5. Trato “protegido” a los testigos de cargo prefabricados. Pallardó está “missing” para la justicia andorrana. Hay una causa judicial abierta en manos de la Batlle Moreno que ”duerme el sueño de los justos” desde 2015. No avanza. No se la ha querido juntar con la causa principal, a pesar de que los abogados de los procesados lo han solicitado, porqué podría facilitar la demostración tanto de que la declaración del 13-3-15 estuvo “amañada”, según el propio Pallardó, como porqué Morabanc sería igualmente culpable, pues en la “agenda de Pallardó” que fue la prueba que incriminó definitivamente a Miquel, también figura un gestor comercial de Morabanc llamado Bellido. Pero contra Morabanc ni contra su gestor no se ha actuado nada de nada. En el caso de Tacla, éste consiguió que no lo extraditaran a Brasil, donde con toda seguridad lo habrían encarcelado, estando en la actualidad en libertad en España.

Parece claro que hay una connivencia entre jueces y fiscales españoles y andorranos en una colaboración para conseguir a toda costa demostrar la culpabilidad de BPA y sus directivos (además de algunos medios como El País) para evitar que Govern tenga que afrontar el pago del destrozo causado con su intervención.

Habría que preguntarse qué es lo que consigue España con todo esto. Quizás que el caso Pujol (que fue el principio de todos los males para BPA) se centre sobre BPA, y no sobre Andbank (mientras Andorra va facilitando datos de Pujol que incriminan a Andbank, y evidencian su mala praxis, pero nadie actúa ni en España ni en Andorra contra ese banco). A ver si algo cambia en el “statu quo” para que pueda salir a la luz la verdad…