Si algo irrita sobremanera al ciudadano son los latigazos de la desigualdad jurídica. Que lo válido para unos, no lo sea para otros. Son principios inextinguibles universales la seguridad jurídica, la igualdad de armas. Y que, sean o no políticos, todos deben ser tratados desde la igualdad. Andorra no está excluida.

Un juez especial para aforados ha inadmitido, sin más, en cuestión de horas, la querella interpuesta por los accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA) contra el exministro de Justicia del Principado Xavier Espot, hoy jefe de Gobierno. Ipso facto, visto y no visto, sin interrogar siquiera al ilustrísimo querellado (¡¡¡ayy, cuántos actos y almuerzos jurídico/políticos compartidos!!!). Y pasándose por el arco del triunfo las ocho pruebas que piden los accionistas para acreditar lo que el juzgado rechaza acreditar. Y da igual que otros jueces, en caso similares, hayan hecho justo lo contrario.

¿Qué es lo que no ha querido indagar el juez sobre el caso BPA? Pues examinar si Espot cometió prevaricación por omisión cuando se cruzó de brazos y no hizo nada tras la nota del FinCEn de EE UU que sugería que, en Andorra, rusos y venezolanos, enemigos del país norteamericano, ocultaban dinero. La nota aludía en general a la banca andorrana, no a la BPA. Pero el Gobierno dejó caer a la BPA sin ninguna base delictiva, la intervino; y en cambio apoyó a la banca rival, AndBank, que tenía mucho que callar.

¿Por qué esta desigualdad política? Pues porque los nexos político/financieros del AndBank debieron pesar más en pedigrí que los habidos entre el Gobierno de entonces y una BPA que a la sazón era una de las entidades más solventes de Europa. Pero incluso azuzaron su caída. Los accionistas mayoritarios, los hermanos Higini y Ramón Cierco, que son nativos andorranos hijos de emigrantes españoles que hicieron fortuna en el Principado, piden justicia. El Gobierno ofreció como ofrenda la cabeza de la BPA a los americanos, que ni quisiera lo pidieron. El perjuicio fue enorme.

¿Qué denuncian los accionistas? Pues que el exministro de Justicia y hoy jefe de Gobierno silbase ante el paso del FinCen en lugar de, al menos, presentar alegaciones contra el contenido de la nota, que luego, una vez hecho el daño, fue desmentida íntegramente, en lo que respecta a la BPA, por diferentes tribunales españoles. Es decir, los americanos dicen que en Andorra, sin especificar en qué entidad, puede haber blanqueo de capitales y el Gobierno andorrano, lejos de contrarrestar la nota, porque disponía de medios y documentación para ello, miró para otro lado y directamente intervino la BPA; y el Gobierno español de Mariano Rajoy, en un acto casi simultáneo, intervino a su filial española, Banco de Madrid. Aunque en la decisión del Ejecutivo español la motivación parece muy diferente, el proces catalán.

Rajoy, encausado

Rajoy y otros dos ministros están siendo investigados por amenazas contra la BPA en Andorra a través de la policía patriótica. “O me dais las cuentas de los Pujol, Junqueras, etcétera, o el banco será intervenido”. La amenaza, que no era una profecía, la lanzo un alto cargo del Ministerio del Interior español a un ejecutivo de la BPA. Y sucedió. La BPA tuvo la mala suerte, además, de que la policía patriótica se cebó con ella. Como nos les dieron las cuentas indepes, porque no las tenían, el AndBank sí, incluso una del propio rey emérito, llamaron a sus colegas del FBI y se hartaron de contarles bulos y mentiras sobre la entidad en venganza por no haber obtenido las cuentas. Lo acreditan los audios del comisario Villarejo.

Como consecuencia de los embustes patrióticos y de la pose de perfil del Gobierno de Andorra, el miedo emergió y la BPA sucumbió y fue intervenida. Si entonces la BPA era entonces uno de los bancos más solventes de Europa (ahora, desde que la gestiona el Gobierno del Principado, emerge en ella un agujero cercano a los 500 millones de euros).

¿De qué se lamentan los accionistas? ¿Qué han pedido al juzgado? Que depure la responsabilidad del ministro por no haber defendido ante el FinCen, con datos, que los tenía, la licitud de la actividad financiera de la BPA. Y se quejan de que el Gobierno no hubiese presentado alegaciones frente a la nota del organismo que investiga los crímenes financieros en EE UU. Pero no hizo nada. Al contrario, la dejaron caer, fue la ofrenda americana.

¿Y que ha hecho el juzgado que recibió la querella donde se acusa de prevaricación administrativa omisiva al ministro? La ha inadmitido y archivado, sin practicar diligencias. Dice el juzgado que el ministro no prevaricó porque esta figura requiere de un acto, de un hacer, de una decisión. Y que no hubo ningún acto como tal, y de ahí concluye que la prevaricación que se atribuye al ministro no existe porque un no hacer nada no es ninguna decisión y, por tanto, no hay delito.

Que le pregunte al juez del Tribunal Supremo español Manuel Marchena a cuántos alcaldes ha condenado por un no hacer cuando legalmente se debe. Por ejemplo, alcaldes que se aferran al sillón y se niegan a convocar una moción de censura. Se llama no actuar a sabiendas de que es injusto no hacerlo. ¿Y cómo entonces cabría definir la inacción de una autoridad cuyo rol principal debe ser la defensa de los intereses de sus ciudadanos?

La desigualdad jurídica

También irrita la desigualdad jurídica a los ciudadanos. El juzgado ha inadmitido la querella contra el ministro sin motivar, y sin practicar las mínimas diligencias que piden los accionistas para averiguar si existe infracción penal en la esquiva mirada del ministro. Ha llamado la atención la rapidez del archivo. No ha sido célere, lo siguiente. Visto desde España, da envidia, pero si el juzgado hubiese actuado diligentemente. Se archiva rápido lo que no se quiere investigar.

Alude el juzgado, para archivar, “a la insuficiencia de indicios que avalen” el contenido de la querella de los accionistas de la BPA contra Espot. La insuficiencia de indicios, que no es tal según los accionistas, se contrarresta con la obtención de ellos. Es una obligación y un derecho de los ciudadanos, por eso se le dan armas coactivas al juez, para que investigue. Y más si se trata de una querella.

Una querella muy similar a la de Espot interpusieron los accionistas contra el anterior jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí "Pequeño", dos de sus ministros y tres altos funcionarios, proyectada sobre algunos de los mismos hechos expuestos en el relato de la querella contra Espot. En ese caso, la querella sí fue admitida a trámite. Y sigue viva. Esto es lo que se llama inseguridad jurídica.

El debate sobre la prevaricación. “La decisión de no decidir constituye una acción”, replican los accionistas al juzgado. “No consagrar eso llevaría a dejar impunes situaciones altamente injustas y perjudiciales resultantes de una inacción administrativa negligente o dolosa”.  En este caso, el juez mira hacia otro lado al rehusar analizar los documentos que acreditan que Espot, como ministro de la Justicia, tuvo conocimiento los días 4 y 6 de marzo 2015 de la nota que el FinCEN había programado publicar el día 10 del mismo mes. Y pese a saberlo, se quedó quieto. La BPA era una de las grandes compañías del Principado (varios cientos de trabajadores).

Nota evitable

Señalan los accionista en su recurso frente a la inadmisión de la querella: “Esta nota [la del FinCen] probablemente habría podido ser evitada, pero seguro que, en todo caso, no se habría emitido en los términos y en la forma tanto destructiva y apartada de la realidad si el querellado, así como el resto de miembros del Gobierno, hubieran informado de esta drástica medida del Tesoro americano mediante resolución o decisión en la que se tenía que haber tomado constancia y sobre todo el alcance del que se estaba proyectando ultra atlántico contra una entidad bancaria andorrana (de todo lo cual tenían sobrado conocimiento previo a tenor de la documentación adjunta a la querella)”. Es decir, supo lo que se avecinaba y toreó la nota hacia la BPA. Sin presentar una sola alegación.

Añaden los accionistas en su recurso: “Era un deber inexcusable del Gobierno de Andorra, y de su ministro de Justicia, haber facilitado inmediatamente al FinCEN toda aquella información y documentación exculpatoria y toda otra útil a los efectos de salvaguardar la existencia del banco. Información que ya conocían los órganos reguladores (INAF y UIFAND) y se encontraba en manos de la justicia (Batllia y Fiscalía). Esta actitud y decisión negativa, por omisión, fue manifiestamente contraria a los deberes y a las obligaciones que el Ejecutivo tenía que haber adoptado para evitar una injusticia como la que se produjo. El silencio y la connivencia del Gobierno y del querellado con el contenido de la nota de la cual estaban previamente al corriente, equivalió a una implícita confirmación gubernativa de la misma e incitó y motivó todavía más el Tesoro americano a emitir la nota al margen de cualquiera otra consideración”.

El ministro, no solo se cruzó de brazos: echó más leña al fuego cuando se difundió la nota del FinCEN. “Atendida la gravedad de la comunicación os pido que si lo consideráis oportuno, toméis las medidas que correspondan en derecho a fin de velar por la buena reputación y perennidad de la plaza financiera andorrana”, soltó.

Un plazo sin respuesta

Ni una alegación. “A pesar de la información que tenían o que tenían que tener forzosamente por los cargos y las responsabilidades que ostentaban, los miembros del Gobierno y el querellado volvieron a prevaricar por omisión cuando decidieron deliberadamente no presentar alegaciones ante el FinCEN, que los invitó y les dio un plazo para ello. Tal desidia solo puede corresponder a una voluntad nociva, a un inconfesable despropósito de situar la entidad bancaria en indefensión y que, en el peor de los escenarios, la llevarían a su muerte y liquidación, como fue el caso”. “El querellado y el resto del Gobierno”, subrayan los accionistas, “tenían toda la información, tenían la BPA intervenida y sabían la verdad, pero decidieron no hacer alegaciones en defensa de la verdad”. Esta inacción es “una peligrosa arma que permite a los que gobiernan usar los medios y capitales públicos para combatir a sus adversarios políticos, económicos, sociales y sindicales».

El querellado volvió a prevaricar por acción al haber otorgado su acuerdo cuando el AREB, que depende orgánicamente del Gobierno, concretamente de su Ministerio de Finanzas, «decidió de forma aparentemente intempestiva, interponer una acción civil contra miembros de la familia Cierco». Y, pese a hallarse en igual situación, omitió demandar “a una familiar directa del querellado que había sido miembro del Consejo de Administración” del banco. Y esto es lo que se llama arbitrariedad. O un cachondeo, que diría el exalcalde andalucista de Jerez Pedro Pacheco.

Todo lo anterior está escrito por Eva C. Cruz, en su artículo aparecido esta misma mañana. Que lo de la "justicia andorrana" es digno de un profundo estudio, ha sobrepasado nuestras fronteras. Cualquier día de estos llegan los del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), los mismos que hace apenas seis días recalcaban su preocupación por la relación del Fiscal General del Estado (FGE) y el Ejecutivo español, por lo que ha instado de nuevo a España a modificar el modo de elección del jefe del Ministerio Público para garantizar su independencia. "La relación entre el fiscal general y el Ejecutivo es un tema que sigue despertando preocupación pública (en cuanto a su percepción de independencia", ha señalado el GRECO en las conclusiones de su informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la Cuarta Ronda de Evaluación en 2014 con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales. Así las cosas, ha instado a las autoridades españolas a llevar a cabo una "reforma más amplia" del estatuto fiscal. Según ha subrayado, "será importante asegurar que este proceso de reforma incluya una fase de consulta con la propia profesión". 

¡¡Cuando se enteren de lo que desde hace décadas está pasando en nuestro "peís", van a "alucinar pepinillos"!!

Mientras la inmensa mayoría de la población siga "aletargada", por no decir directamente "durmiendo", ellos han hecho, hacen, y harán lo que les venga en gana. Puede que cualquier día de estos les llegue a cualquiera de ustedes nuestra envidiable "justicia". Ése día se van a acordar de Santa Bárbara, ésa de la que todo el mundo se acuerda cuando truena. Y ése día les pido por favor que no se acuerden, ni por asomo, de un servidor, porque un servidor les haría preguntas que ¡¡NO!! sabrían, ni podrían, contestar. Eso de estar sólo a las "maduras", sin estar a las "duras", es lo que tiene. 

Intenten ser felices, mientras se lo permitan las autoridades incompetentes.